Monday, March 18, 2024

Las Elecciones Presidenciales Venezolanas Pautadas para el 28 de julio


 Nadie puede negar que Maduro es políticamente astuto. En caso contrario no hubiera sobrevivido la campaña sin cuartel contra su gobierno - ni por un mes. 

Elecciones en Venezuela: Maduro y Machado van con todo

Por Steve Ellner

Publicado en NACLA: Report on the Americas,

Edición de la primavera de 2024

No es un secreto que Washington está tan enamorado de la candidata presidencial María Corina Machado, como ella está de Washington. Como ejemplo, el día después que el gobierno de Biden parcialmente levantó las sanciones contra Venezuela el pasado octubre, el Secretario de Estado Antony Blinken advirtió que la medida sería revocada si para el 30 de noviembre el Presidente Nicolás Maduro no habilitaba a Machado para participar en las elecciones presidenciales. La amenaza no se cumplió por el anuncio de que Machado podría apelar a la medida de prohibición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Machado rechazó la oferta de ir al TSJ, pero subsecuentemente cambió de parecer. Después de que el TSJ confirmó la inhabilitación en enero, EEUU empezó a reimponer las sanciones.

Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio y Maduro indudablemente va a lanzarse como candidato. Machado, quien llama a Maduro un “narco dictador” y dice que lo quiere vivo para poder enviarlo a la cárcel, fue elegida en elecciones internas de la oposición para ser la candidata de los principales partidos de la oposición. En las primarias realizadas en octubre, ella supuestamente sacó 92.5% del voto, aunque la validez de esa cifra fue cuestionada por el candidato que llegó en segundo lugar, Carlos Prosperi. La candidatura de Machado, conjuntamente con el anuncio que confirma su inhabilitación, presagia graves problemas para un país que ha sido castigado por la violencia política durante las últimas dos décadas.   

Los medios corporativos y los analistas pro-sistema limitan sus pronósticos electorales a dos escenarios: O Maduro pierde o hay fraude electoral. Para algunos, independientemente de los resultados, se espera la tracalería electoral. Geoff Ramsey del Atlantic Council comentó al New York Times: “No creo que la comunidad internacional tenga ilusiones de que esas elecciones van a ser libres”.

Estas predicciones pasan por alto varios factores que ponen a la oposición en desventaja. El partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es un partido bien organizado y disciplinado, a diferencia del partido de Machado, “Vente Venezuela”, que carece de una estructura sólida. Más importante que eso, las divisiones y animosidades mutuas dentro de la oposición y la desconfianza de los venezolanos hacia los políticos en general pueden traducirse en abstención masiva en julio. Finalmente, los seguidores de Machado y los venezolanos en general se oponen mucho a lo que ella representa, particularmente su apoyo tenaz al neoliberalismo estilo radical.

Luis Vicente León, el encuestador más prominente de la oposición, reportó inmediatamente después de las primarias que cerca de 70% de los que votaron para Machado se oponen a su posición de rechazar negociaciones con el gobierno y su apoyo a las sanciones internacionales contra Venezuela. En las palabras de León, el apoyo a Machado es básicamente “emotivo.”

Machado, el “Outsider”

En diciembre de 2021, el partido Vente Venezuela rompió con Juan Guaidó. “Es tiempo [para la oposición] de constituir una nueva dirección.” Machado alegó que al gobierno paralelo de Guaidó, “le faltaba transparencia” y estaba desconectado del pueblo y de Estados Unidos, y generó “indignación”.

Con esas palabras duras, los seguidores de Machado y algunos analistas empezaron a pintarla como una especie de lobo solitario. El País la llamó “una política aislada” y agregó que ella está “férreamente en contra del sector moderado de la oposición, a quien ella durante mucho tiempo acusó de hacer el juego al gobierno”.

Sin embargo, Machado está muy lejos de ser un outsider. Desde el referendo revocatorio de 2004 cuando gritó fraude electoral contra Hugo Chávez, Machado ha apoyado firmemente todos los esfuerzos para lograr el “cambio del régimen”, que en cada caso ha terminado en un fiasco rotundo.

En un encuentro poco probable para un “outsider”, Machado, en representación de la ONG Súmate, financiada por el National Endowment for Democracy – un brazo del gobierno estadounidense – se reunió con el Presidente George W. Bush en la Casa Blanca en 2005. En 2014, Machado estaba en la tarima al lado del exaltado líder Leopoldo López cuando inició las protestas de 4 meses con fines insurreccionales, conocidas como “la guarimba”. Lo más significativo fue el respaldo que Machado recibió solamente 10 días antes de las primarias de octubre de parte de Voluntad Popular, partido de López, el cual al mismo tiempo retiró su propio candidato de esas contiendas.  

Machado está lejos de ser una “política aislada”. Ella está en el mismo campo ultra-derechista de Voluntad Popular, que también es el partido de Guaidó, quien ahora en Venezuela no es nada menos que un paria.

El cambio de marca de Machado con el fin de llegar a ser una política anti-política tiene sentido. La encuestadora Datincorp reportó que 63% de los encuestados creen que el candidato ideal para 2024 sería un independiente – tanto del Chavismo como la oposición. En sentido similar, el encuestador Oscar Schemel señaló que “el peligro más grande para el Chavismo viene de un outsider”.

La candidatura derechista de Machado forma parte de una tendencia en la región. En los años 90, los candidatos neoliberales como Alberto Fujimori, a sabiendas que el neoliberalismo no ganaría las elecciones, escondió sus intenciones y siguió una estrategia de “cebo y cambio”. Pero durante la última década, con la polarización intensiva en la política latinoamericana, los líderes derechistas pro-norteamericanos han sobrepasado a los centristas para enfrentar a los gobiernos progresistas. Ejemplos incluyen Jair Bolsonaro y Javier Milei. Ahora los candidatos derechistas están más abiertos acerca de sus planes para un sacudón radical del estado de bienestar. Sin embargo, muchos ultra-derechistas apoyan algunas propuestas populistas con el fin de desviar atención de las medidas impopulares que ellos abogan. Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG PROVEA, apuntó a una estrategia de ese tipo al decir a El Tiempo de Venezuela que el papel de Machado como una candidata de consenso requiere un proceso de “invención y construcción”.

Sin embargo, Machado es una extremista en muchos aspectos. Ella y sus asesores ven a la privatización masiva como un vehículo para la recuperación económica. Su propuesta de crear una Agencia de Energía y Petróleo representa un retroceso a los años iniciales de la industria petrolera venezolana de los años 20. Su sistema de vales escolares y la eliminación de la igualdad para el sistema de seguro social forman parte de lo que ella llama “el capitalismo popular”, un término usado por Margaret Thatcher y Augusto Pinochet. Su asesor principal en el campo de educación promete que va a garantizar que todos los venezolanos sean bilingües en inglés.

Aún más extrema es la estrategia de Machado de llegar al poder a través del enfrentamiento. La historia de 25 años del gobierno chavista está llena de llamados en favor a la desobediencia civil con el fin de lograr el “cambio del régimen”, resultando en choques callejeros y violencia. La insistencia de Machado de que las movilizaciones populares combinadas con la presión proveniente de los poderes extranjeros van a convencer a Maduro a echarse atrás y habilitarla, parece un récipe para la violencia.

En un ejemplo notorio de ese tipo de maniobra, el líder de Vente Venezuela y ex-alcalde de Caracas Antonio Ledezma declaró el año pasado que la única manera de inscribir a Machado como candidata es a través de la “desobediencia civil”. También se pronunció en favor de hablar con los militares, a lo que él alegó era perfectamente “normal” en una democracia y no representaba ninguna conspiración contra el gobierno. Ledezma invocó el Artículo 350 de la constitución, que en otras ocasiones había sido interpretado por los líderes de las guarimbas para justificar el derecho de rebelión.

Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, que es el partido históricamente más grande en Venezuela, calificó esas afirmaciones como “ridículas”. 

La estrategia de llegar al poder a través de la confrontación y desórdenes crea las condiciones para la represión, que muchas veces acompaña la implementación de las fórmulas radicales de neoliberalismo que Machado apoya (recuerda Pinochet). La misma dinámica se observó en el golpe de estado contra Chávez en abril de 2002, como el editor de NACLA en ese entonces, el recién fallecido Fred Rosen, y yo notamos poco después. Escribimos que el líder del golpe Pedro Carmona y sus aliados trataron de lograr un “rompimiento completo con el pasado populista… Ellos se alzaron no en favor de la democracia – como podría haber alegado, con quizás cierta credibilidad, algunos de los populistas anti-Chavistas – sino en favor de los intereses de clases” representados por Carmona.

El lado político de la estrategia de Maduro

Los resultados de las elecciones presidenciales tendrán mucho que ver con las adversidades económicas venezolanas, pero también van a tener que ver con la debilidad de la oposición, que Maduro ha hecho mucho para profundizar.

La oposición ha tratado de remover a Maduro por diversas maneras, como hizo con Chávez en sus primeros años como presidente. Con cada esfuerzo – como en 2015 cuando la oposición ganó control de la Asamblea Nacional – los líderes anunciaron la inminente salida de Maduro. Ahora Machado, Guaidó y otros líderes anti-Chavistas reconocen su propia “ingenuidad” (palabra de Guaidó) y el poder de permanencia del presidente. Ellos atribuyen la supervivencia política de Maduro a su comportamiento despiadado y anti-democrático.

En contraste, algunos izquierdistas alaban la habilidad de Maduro de aguantar y responder efectivamente a todas las maquinaciones de desestabilizaciones. El veterano de la izquierda Eligio Damas, autor de más de 3,000 artículos en Aporrea.org, me dijo: “Los críticos izquierdistas de Maduro no toman en cuenta que Chávez por la mayor parte de su presidencia no tenía desafíos tan apremiantes como tiene Maduro, tanto en el frente político como económico. Maduro es políticamente astuto; en caso contrario no hubiera durado tanto tiempo en el poder.”

No cabe duda de que Maduro ha demostrado ser un estratega formidable. Ha tomado varias decisiones importantes que desataron controversias, pero terminaron como golpes maestros. En 2017, Maduro convocó a elecciones para una asamblea constituyente, que según la oposición tenía que ser ratificada primero en un referéndum nacional. Maduro negó proceder en esa forma, pero su llamada a elecciones fue un éxito rotundo. Puso fin abruptamente a los 4 meses de guarimba cuya única meta era sacar a Maduro del poder. La Asamblea inmediatamente programó elecciones gubernamentales y los partidos de la oposición optaron por participar en vez de seguir con las guarimbas.

Había argumentos legales sólidos en favor y en contra de la llamada de Maduro para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, una segunda maniobra del chavismo fue menos convincente desde el punto de vista constitucional, pero fue igualmente efectiva en combatir los esfuerzos de una oposición insurgente en lograr el “cambio del régimen” por cualquier medio posible. En 2020 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció un grupo de disidentes de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular como los representantes legítimos de sus respetivos partidos. Con el apoyo de los diputados chavistas, que se abstuvieron en exigir posiciones principales, la nueva dirigencia de esos partidos obtuvo los 84 votos necesarios para reemplazar a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Luego los seguidores de Guaidó formaron lo que llegó a ser una asamblea nacional paralela virtual, pero su insistencia de que él era el presidente provisional de Venezuela – que restaba en su condición de ser presidente de la Asamblea Nacional – perdió toda credibilidad. 

Innegablemente, la decisión del TSJ careció de argumentos convincentes constitucionales. La Academia de Ciencias Políticas denunció la “ilegalización e intervención de los partidos principales de la oposición” por ser un atropello a los derechos legales de los partidos políticos.

Una tercera jugada, igualmente polémica, que desde el comienzo dividió a la oposición, fue la decisión tomada por el Contralor Nacional chavista, Elvis Amoroso, en junio del año pasado. Amoroso inhabilitó a Machado, en base, entre otros motivos, a su apoyo a las sanciones contra Venezuela. Amoroso me dijo: “El apoyo de Machado a una invasión norteamericana la hace culpable de traición a la patria, pero la contraloría es un cuerpo administrativo que podría referirse a eso solamente indirectamente”. Agregó que el cargo de traición va a los tribunales.

Los dos partidos más grandes de la oposición, AD y Primero Justicia, entre otros, reaccionaron a la decisión de la contraloría proponiendo una estrategia de adherirse a las reglas del juego definidas por el gobierno, y evitar posiciones divisivas, una política que fue un éxito rotundo en las elecciones para la Asamblea Nacional en 2015. Por el contrario, Machado se negó a renunciar a sus aspiraciones presidenciales y otras posiciones polémicas.

El reconocimiento por parte del Estado a los partidos AD, Primero Justicia y Voluntad Popular dirigidos por los disidentes también intensificó las divisiones en la oposición. Los dirigentes anti-chavistas de la línea dura llamaron a los disidentes “alacranes”, un término chocante que sigue agriando las relaciones entre los dos bloques e impidiendo el entendimiento.

Luis Parra, un disidente de Primero Justicia que llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional por un año en 2020, afirmó tres años después: “El tiempo ha demostrado que teníamos la razón”. Durante ese lapso de tiempo, la mayoría de los líderes de la oposición terminaron cambiando su postura, abandonando las posiciones que los disidentes habían criticado, en particular el llamado a la abstención electoral y la imposición de sanciones internacionales a Venezuela.

Las posiciones de los disidentes están más alejadas de las políticas de Machado, que de las políticas de Maduro, tanto así que llegan a calificar al partido de Machado de “ultraderecha”. El partido AD de los disidentes, dirigido por el veterano dirigente José Bernabé Gutiérrez y con candidato presidencial propio, alega que la mayoría de los líderes de la derecha radical “está operando desde la comodidad de un autoexilio dorado”. Acusa a Machado y los otros miembros de la derecha radical de promover el abstencionismo, conducir al “caos total”, y proporcionar una “excusa perfecta para el fracasado gobierno de Nicolás Maduro". En 2020, Washington incluyó a Gutiérrez y a otros disidentes en la lista de sancionados por haber “debilitado a la democracia venezolana”. 

El frente económico

Las reformas económicas de Maduro que favorecen al sector privado están alineadas con su estrategia de neutralizar y dividir a los sectores de la oposición. Francisco Rodríguez, asesor económico del principal contrincante contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2018, me dijo en Washington que después de esas elecciones “Maduro empezó a abandonar su anterior enfoque antagónico hacia los empresarios, un cambio que ayudó a atraer algunos dirigentes de la oposición a la idea del diálogo”.  

El asesor económico y diputado nacional Jesús Faría ofreció un argumento de peso para abandonar la política de aumento salarial constante, siempre devorado por la inflación. Faría advirtió que “para incrementar salarios hay que fortalecer la producción”. El levantamiento de las sanciones impuestas por EEUU contra el petróleo venezolano jugaría un papel importante en este sentido. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) – del cual el padre de Faría fue un líder histórico y también un dirigente sindical – ha denunciado “la pulverización de sueldos y salarios” en el país.  

Como parte de su estrategia económica, el gobierno de Maduro ha abierto al país al capital extranjero, particularmente en las “Zonas Económicas Especiales” (ZEEs), donde se suavizan los requerimientos legales con el fin de atraer las inversiones. Mientras que el PCV y otros grupos de la izquierda alegan que el gobierno ha abrazado el neoliberalismo, Maduro y sus asesores afirman que la mayor parte del capital privado procederá de China y otros países miembros del BRICS en lugar de EEUU.

Para Machado, la idea de las ZEEs se origina del “modelo totalitario chino”. Por su parte, el entonces líder de Vente Venezuela y diputado nacional, Luis Barragán, dijo a la agencia noticiosa EFE que las ZEEs representan “una herramienta rudimentaria utilizada por los criminales mafiosos para la explotación de los recursos estratégicos”. 

Durante su viaje a China en septiembre del año pasado, Maduro visitó una de las ZEEs más conocidas y firmó un acuerdo para establecer vínculos entre las ZEEs de ambos países. Al mismo tiempo, pidió al gobierno chino que apoyara la solicitud de Venezuela de ingresar en el BRICS, alabando la alianza por acelerar “la desdolarización del mundo”. Durante la visita, Venezuela recibió la exclusiva distinción de “Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo” – un honor nunca antes concedido a un país latinoamericano. Maduro elogió las reformas post-Mao de China que algunos de la izquierda consideran como un retroceso para el socialismo, al decir: “Las experiencias de China durante 40 años… nos han servido de inspiración”.

Maduro no es el único de su círculo que encuentra inspiración en el modelo económico chino. De hecho, antes de ingresar al campo chavista en los años 90, Maduro perteneció a la Liga Socialista pro-China. A pesar de su disolución tras la llegada de Chávez al poder, muchos de sus dirigentes ocuparon un número desproporcionado de puestos dentro del movimiento chavista. El último secretario general de la Liga el ex–guerrillero Fernando Soto Rojas (quien Maduro ve con mucha reverencia) ve con buenos ojos a Mao Zedong, Deng Xiaoping, y Xi Jinping, a pesar de las diferencias patentes entre ellos. Soto Rojas niega que China pueda ser clasificada como un país capitalista. Quizás la expresión máxima del modelo chino es el uso del término “burguesía revolucionaria” (un concepto usado por Lenin, Stalin y Mao) por parte del Ministro de Agricultura Wilmar Castro Soteldo, quien participó en la intentona de Chávez de 1992.

Al fomentar relaciones amistosas con el sector privado, los antiguos adversarios se han neutralizado. FEDECAMARAS, la organización empresarial principal en el país que dirigió dos intentos fallidos de derrocar a Chávez en 2002-2003, se opone ahora firmemente a las sanciones norteamericanas, cuyo impacto ha afectado a los empresarios – según FEDECAMARAS – en un 17.5%. El ex–presidente de FEDECAMARAS Ricardo Cusanno ha lamentado que los empresarios enfrentan dificultades hasta con abrir una cuenta bancaria en el extranjero por el simple hecho de ser venezolano.

 

El lado negativo

La estrategia de Maduro de otorgar concesiones al sector privado, con la intención de lograr la estabilidad y debilitar la oposición “desleal”, ha tenido resultados mixtos. Aunque la hiperinflación de 2,300% en 2020 ha remitido, todavía se registraron tasas de inflación del 234% y 190% en 2022 y 2023 respectivamente. Por otro lado, ya no se producen las interminables colas en los supermercados ni escasez de productos de primera necesidad. Además, la ONG el Observatorio Venezolano de Violencia ha constatado un descenso significativo en la tasa de muertes violentas en 2023, el más bajo en dos décadas.

La campaña anti-corrupción también ha tenido resultados mixtos. En 2023 el Fiscal General chavista Tarek William Saab lanzó una campaña contra la corrupción centrada en la industria petrolera que resultó en órdenes de arresto de 61 supervisores, empresarios y funcionarios estatales y en la confiscación de activos. Las cabecillas principales eran Rafael Ramírez y Tareck El Aissami. Ramírez, conocido como el “Zar de PDVSA”, consolidó su control de la compañía y lo microgestionó al aliarse con ex–miembros de los partidos conservadores AD y COPEI. Ramírez perteneció al círculo cerrado de Chávez y El Aissami al círculo de Maduro; ambos militaron en la izquierda durante muchos años y nacieron de familias izquierdistas. Por eso, el problema de la corrupción no podría ser atribuido a una quinta columna al servicio de la oposición. Estos episodios requieren discusión a fondo y autocrítica.

La raíz del problema de PDVSA, como es el caso en la administración pública en general, es la ausencia de controles institucionales. Un ejemplo de esta falla es el hecho de que, durante 10 años, Ramírez ocupaba la presidencia de PDVSA y a la vez la posición de Ministro de Petróleo, cuya función es vigilar la empresa. El actual presidente de PDVSA Pedro Rafael Tellechea también ejerce como Ministro de Petróleo.

El gobierno de Maduro se enfrenta a críticas por utilizar una táctica que empleó anteriormente para dividir la oposición, esta vez contra el PCV, el partido más antiguo en Venezuela conocido por su sacrificio y heroísmo. El año pasado el TSJ reconoció siete aliados del gobierno como líderes máximos del PCV, pero solamente dos de ellos eran miembros de ese partido. El gobierno justificó la medida alegando que el PCV no había convocado elecciones internas para renovar su dirigencia.

Luigino Bracci, quien apoya críticamente a Maduro, se refirió a la decisión del TSJ al decir al Orinoco Tribune que los líderes chavistas no quieren que “los votos izquierdistas se fragmenten o que sean dispersados entre varios partidos pequeños en las próximas elecciones”.

Otro punto negativo para el gobierno que pueda tener repercusiones negativas para los Chavistas en las elecciones en julio es la erosión de las conquistas históricas laborales como las prestaciones sociales y la negociación colectiva. Rodolfo Magallanes, profesor de ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela, me dijo: “Una vez que estos beneficios sean eliminados, será difícil reinstalarlos”. La dolarización de la economía es otra preocupación. En la actualidad los precios de las mercancías están identificados en dólares, una práctica que ahora es completamente legal. Aunque esa medida ayudó a combatir la hiperinflación, también ha erosionado la aceptación general del bolívar. 

La intervención norteamericana en nombre de la democracia

Independientemente de cómo lo veas, el intervencionismo norteamericano ha minado la democracia venezolana.

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, me dijo que no hay manera de que las elecciones presidenciales de 2024 sean democráticas. “El votante va a sentir que hay una pistola apuntada a su cabeza. Vota por Maduro y mantienen las sanciones.”

La política hace Venezuela implementada por Washington contradice de muchas maneras sus objetivos declarados. Desde los primeros años de Chávez, Washington ha favorecido, no tanto a la oposición como tal, sino a su ala derechista. El favorito de EEUU ha ido de López a Guaidó y ahora a Machado. Los dos primeros están desacreditados. Machado según todas las encuestas, goza de considerable popularidad entre las bases de la oposición, pero su programa para Venezuela, su estrategia de enfrentamiento y su discurso abiertamente pro-norteamericano no son populares.

Según el encuestador Luis Vicente León la oferta de EEUU de una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro y la retórica de Machado que “si Maduro pierde, él, su esposa, su hijo y todos a su alrededor van presos” hacen poco probable que él renuncié del poder fácilmente. Bajo esas circunstancias “¿se metería usted en el ring?” León agrega que la única manera de resolver este predicamento es a través de las negociaciones, una vía que Machado tajantemente rechaza.   

En general, las elecciones suelen proporcionar una solución pacífica a los conflictos, aunque sea de manera temporal. Parece poco probable que las elecciones de julio en Venezuela legren ese objetivo. 

Traducido con la ayuda de Carmen Sánchez de Ellner y Michelle Ellner

Steve Ellner es profesor jubilado de la Universidad de Oriente en Venezuela y actualmente es Editor Asociado de la revista Latin American Perspectives. Es autor de El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto (2014). Sus últimos libros son Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspective (editado, 2021); y Latin American Social Movements and Progressive Governments: Creative Tensions between Resistance and Convergence (co-editado, 2022).


https://rebelion.org/elecciones-en-venezuela-maduro-y-machado-van-con-todo/

Wednesday, February 21, 2024

True to Form, the Corporate Media Smears Tucker Carlson’s Interview with Putin



The reaction of the corporate media and pundits to Tucker Carlson’s interview with Putin is predictable. They all bash Carlson – in Europe they are threatening Carlson with judicial hearings – and claim that Putin seized the opportunity to deceive and threaten the West. One simply asks the question, don’t we have the right to hear the other side of the story? I listened to the interview the other night (I accessed it by chance) and was impressed by the seriousness of Putin’s arguments and his thorough command of the subject matter regarding Ukraine, Russian history and foreign policy in general. You don’t have to be an admirer of Putin (I’m not) to recognize that he towers way over Biden, Trump, Pence and Kamala Harris. The corporate media can’t let people listen to the interview with an open mind because many will end up questioning the media’s demonization of Putin, as well as their objectivity, not to say professional ethics.






 


 

Tuesday, February 13, 2024

TRUMP’S STATEMENT THAT HE WOULD ENCOURAGE RUSSIA TO ATTACK ANY NATO NATION THAT DOESN’T PAY ITS DUES WAS NOT AS DUMB AS PEOPLE THINK


 This was a well-calculated statement not a gaffe. Trump is attempting to attract votes of the majority of people in the U.S. who are opposed to endless wars. People know full well that a good part of their financial problems are due to Ukraine, Israel, Yemen and the list goes on and on. Trump opposes those wars but for the wrong reasons. The left has to contest Trump’s occupation of this anti-war political space. For a starter it needs to run one presidential candidate not three. Two of the following candidates should resign and support the one who doesn’t: Cornel West, Jill Stein and Claudia de la Cruz. And second, of equal or more importance, the candidate, whoever he/she is, needs to prioritize U.S. interventionism throughout the world. And it needs to do this without claiming that Russia and China are equally to blame. You may condemn the Russian invasion of Ukraine, but Russia doesn’t have 750 military bases throughout the world. The narrative that places all three nations in the same sac is, in effect, letting the U.S. off the hook. The narrative that places Israel and Hamas in the same sac is, in effect, letting Israel off the hook. Leave that up to the corporate media to do.

Wednesday, February 7, 2024

The American Dream is Dead on Arrival for Many (if not most) College Graduates. That’s the message of the movie The Assistant.

 


The movie (which can be streamed on MAX), albeit boring, is about a recent graduate of Northwestern (Julia Garner) who lands a job as a receptionist of sorts who ends up doing everything from tidying up the office of her boss to holding in her arms the baby of someone who comes into the office. When she goes to denounce what she considers to be an ethical breach by her boss, her case is handled in the most paternalistic manner by the head of the company’s grievance department who suddenly insults her in the most demeaning way. But the clinch of it all is the last scene in which she calls up her father who says how proud he and the mother are of the fact that she has gotten such a promising job. When she tells her father it’s a lot of hard work and stress, he says it’s always that way at first but as time goes on it’ll get better. FAT CHANCE.

What the movie leaves out is that the cost of college education since the 1980s taking into consideration inflation has gone up 129% and that the average student graduates college with a debt of $37,000. Combine that with the dead-end jobs which await many professionals and that more doctors are corporate employees than in the past and most  university professors have non-tenure track positions, and one can easily reach the conclusion that the American Dream has become an unqualified myth.   


Thursday, February 1, 2024

Time for a new Good Neighbor Policy - U.S. policy toward Latin America has always favored corporate interests. And now – though not for the first time – it is closely aligned with the far-right.


Redefining US-Latin American Relations

 

An all-encompassing expression of goodwill in the form of a New Good Neighbor Policy will meet resistance from vested economic and military interests, as well as those persuaded by racist arguments.


The Trump administration dusted off the 19th century Monroe Doctrine that subjugates the nations of the region to U.S. interests. The Biden administration, instead of reversing course, followed suit, with disastrous results for the region and a migration crisis that threatens Biden’s re-election.


It has left most of Trump’s sanctions against Venezuela and Cuba intact and has tightened those against Nicaragua.


U.S. policy towards Venezuela has been a fiasco. Try as it might, both Trump and Biden were unable to depose President Maduro and found themselves stuck with a self-proclaimed president, Juan Guaidó. U.S. support for Guaidó backfired as he was held responsibile for massive corruption involving Venezuelan assets abroad that were turned over to him. Now Washington is openly siding with presidential hopeful María Corina Machado, who has a long history of engagement in violent disruptions and has called on the U.S. to invade her country. The Venezuelan people have paid a heavy price for the debacle, which has included crippling economic sanctions and coup attempts. The U.S. has also paid a price in terms of its prestige internationally.


This is only one example of a string of disastrous policies toward Latin America.

Instead of continuing down this imperial path of endless confrontation, U.S. policymakers need to stop, recalibrate, and design an entirely new approach to inter-American relations. This is particularly urgent as the continent is in the throes of an economic recession that is compounded by low commodity prices, a belly-up tourist industry and the drying up of remittances from outside.


A good reference point for a policy makeover is Franklin Delano Roosevelt’s “Good Neighbor Policy” in the 1930s, which represented an abrupt break with the interventionism of that time. FDR abandoned “gunboat diplomacy” in which Marines were sent throughout the region to impose U.S. will. Though his policies were criticized for not going far enough, he did bring back U.S. Marines from Nicaragua, Haiti and the Dominican Republic, and scrapped the Platt Amendment that allowed the U.S. to intervene unilaterally in Cuban affairs.

So what would a Good Neighbor Policy for the 21st Century look like? Here are some key planks:


An end to military intervention. The illegal use of military force has been a hallmark of U.S. policy in the region, as we see from the deployment of Marines in the Dominican Republic in 1965, Grenada in 1983, Panama in 1989; involvement in military actions leading to the Guatemalan coup in 1954 and destabilization in Nicaragua in the 1980s; support for coups in Brazil in 1964, Chile in 1973 and elsewhere. A Good Neighbor Policy would not only renounce the use of military force, but even the threat of such force (as in “all options are on the table”), particularly because such threats are illegal under international law.


U.S. military intimidation also comes in the form of U.S. bases that dot the continent from Cuba to Colombia to further south. These installations are often resisted by local communities, as was the case of the Manta Base in Ecuador that was shut down in 2008 and the ongoing opposition against the Guantanamo Base in Cuba. U.S. bases in Latin America are a violation of local sovereignty and should be closed, with the lands cleaned up and returned to their rightful owners.


Another form of military intervention is the financing and training of local military and police forces. Most of the U.S. assistance sent to Latin America, particularly Central America, goes towards funding security forces, resulting in the militarization of police and borders, and leading to greater police brutality, extrajudicial killings and repression of migrants. The training school in Ft. Benning, Georgia, formerly called the “School of the Americas,” graduated some of the continent’s worst human rights abusers. Even today, U.S.-trained forces are involved in egregious abuses, including the assassination of activists like Berta Cáceres in Honduras. U.S. programs to confront drugs, from the Merida Initiative in Mexico to Plan Colombia, have not stopped the flow of drugs but have poured massive amounts of weapons into the region and led to more killings, torture and gang violence. Latin American governments need to clean up their own national police forces and link them to communities, a more effective way to combat drug trafficking than the militarization that Washington has promoted. The greatest contribution the U.S. can make to putting an end to the narcotics scourge in Latin America is to control the U.S. market for those drugs through responsible reforms and to prevent the sale of U.S.-made weapons to drug cartels.


No more political meddling. While the U.S. public has been shocked by charges of Russian interference in its elections, this kind of meddling is par for the course in Latin America. USAID and the National Endowment for Democracy (NED), created in 1983 as a neutral sounding alternative to the CIA, spend millions of tax-payer dollars to undermine progressive movements. Following the election of Hugo Chávez in 1998, for instance, NED ramped up its assistance to conservative groups in Venezuela (which became the foundation’s number one Latin American recipient) as a leadup to regime change attempts.


An end to the use of economic blackmail. The U.S. government uses economic pressure to impose its will. The Trump administration threatened to halt remittances to Mexico to extract concessions from the government of Andrés Manuel López Obrador on immigration issues. A similar threat persuaded many voters in El Salvador’s 2004 presidential elections to refrain from voting for the candidate of the left-leaning Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN).


The U.S. also uses economic coercion. For the past 60 years, U.S. administrations have sanctioned Cuba—a policy that has not successfully led to regime change but has made living conditions harder for the Cuban people. The same is true in Venezuela, where one study says that in just 2017-2018, over 40,000 Venezuelans died as a result of sanctions. With coronavirus, these sanctions have become even more deadly. A Good Neighbor Policy would lift the economic sanctions against Cuba, Venezuela and Nicaragua and help them recover economically.


Support trade policies that lift people out of poverty and protect the environment. U.S. free trade agreements with Latin America have been good for the elites and U.S. corporations, but have increased economic inequality, eroded labor rights, destroyed the livelihoods of small farmers, furthered the privatization of public services, and compromised national sovereignty. When indebted nations seek loans from international financial institutions, the loans have been conditioned on the imposition of neoliberal policies that exacerbate all ofthese trends.


In terms of the environment, too often the U.S. government has sided with global oil and mining interests when local communities in Latin America and the Caribbean have challenged resource-extracting projects that threaten their environment and endanger public health. We must launch a new era of energy and natural resource cooperation that prioritizes renewable sources of energy, green jobs, and good environmental stewardship.


Massive protests against neoliberal policies erupted throughout Latin America shortly prior to the pandemic and will return with a vengeance unless countries are free to explore alternatives to neoliberal policies. A New Good Neighbor Policy would cease imposing economic conditions on Latin American governments and would call on the International Monetary Fund to do the same. An example of international cooperation is China’s “Belt and Road Initiative,” which, even with some downsides, has generated goodwill in the Global South by prioritizing investments in much-needed infrastructure projects without conditioning its funding on any aspect of government policy.


Humane immigration policy. Throughout history, U.S. administrations have refused to take responsibility for the ways the U.S. has spurred mass migration north, including unfair trade agreements, support for dictators, climate change, drug consumption and the export of gangs. Instead, immigrants have been used and abused as a source of cheap labor, and vilified according to the political winds. President Obama was the deporter-in-chief; President Trump has been caging children, building walls, and shutting off avenues for people to seek asylum; President Biden is better than his predecessor when it comes to rhetoric, but not so much action-wise. A Good Neighbor policy would dismantle ICE and the cruel deportation centers; it would provide the 11 million undocumented immigrants in the United States a path to citizenship; and it would respect the international right of people to seek asylum.


Recognition of Latin America’s cultural contributions. President Trump’s blatant disrespect towards Latin Americans and immigrants, including his call for building a wall “paid for by Mexico,” intensified racist attitudes among his base which has continued ever since. A new Latin America policy would not only counter racism but would uplift the region’s exceptional cultural richness. The controversy surrounding the extensive commercial promotion of the novel “American Dirt,” written by a U.S. author about the Mexican immigration experience, is an example of the underestimation of talent south of the border. The contributions of the continent’s indigenous population should also be appreciated and justly compensated, such as the centuries-old medicinal cures that are often exploited by U.S.-based pharmaceutical companies.


An all-encompassing expression of goodwill in the form of a New Good Neighbor Policy will meet resistance from vested economic and military interests, as well as those persuaded by racist arguments. But the vast majority of people in the United States have nothing to lose by it and, in fact, have much to gain. Universal threats, such as coronavirus and the climate crisis, have taught us the limits of borders and should act as incentives to construct a Good Neighbor Policy for the 21st Century based on those principles of non-intervention and mutual respect.


Medea Benjamin is cofounder of CODEPINK for Peace and the human rights group Global Exchange. She is the author of 10 books, including five books on Latin America.  Steve Ellner is an Associate Managing Editor of Latin American Perspectives. His edited Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism and Resistance in Broad Perspective (Rowman and Littlefield) will be released later this year.

https://www.counterpunch.org/2024/02/01/redefining-us-latin-american-relations/